JURISPRUDENCIA DEL TS SOBRE COMPETENCIA EN MATERIA DE ACUMULACIÓN DE ACCIONES POR DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ADMINISTRADOR

Hasta ahora, venía siendo una cuestión muy discutida la posibilidad de acumular la acción de exigencia de la deuda de una sociedad y la acción de responsabilidad por deudas dirigida contra el administrador. Ello ha venido suponiendo en la práctica, y dependiendo de los criterios de cada Audiencia Provincial, que el demandante se dirigía inicialmente a los Juzgados de Primera Instancia para obtener el reconocimiento de la deuda, y posteriormente en procedimiento separado, debía dirigirse a los Juzgados de lo Mercantil para obtener un pronunciamiento de condena al administración.

 

Dada la laguna legal sobre el tema, la acumulación de acciones contra la sociedad y su administrador implicaba el riesgo procesal de que el Juzgado al que nos dirigiéramos se considerara incompetente sobre alguna de las acciones acumuladas. Así, si nos dirigíamos al Juzgado de primera Instancia, este se declararía incompetente para resolver sobre la responsabilidad del administrador, y a la inversa, si pretendíamos que el Juzgado de lo Mercantil se pronunciara también sobre la declaración de deuda de la sociedad podíamos encontrarnos con su oposición por considerarse incompetente. Todo ello suponía que debiéramos acudir a dos procedimientos que alargaban y encarecían el “iter procesal” a seguir por un acreedor hasta el cobro de su deuda sobre el patrimonio del administrador desleal.

 

Esta situación, que venía a perjudicar gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva del acreedor ya ha sido finalmente resuelta por el Tribunal Supremo, que ha sentado Jurisprudencia con la sentencia dictada por la Sala Primera de lo Civil el 23/05/2013 (rec. 417/2010).  En esta sentencia ratifica y consolida el criterio adoptado en una primera sentencia de 10 de septiembre de 2012 (recurso número 2149/2009). Este criterio se resume en que “la acción de reclamación de cantidad frente a una entidad mercantil y la acción de responsabilidad de los administradores por las deudas de la entidad mercantil pueden ser acumuladas para su tramitación y decisión en un mismo proceso, y que la competencia para conocer de las acciones acumuladas corresponde en estos casos a los Juzgados de lo Mercantil”.

Los argumentos que fundamentan la posición del Tribunal Supremo son:

1) Posibilidad de acumulación de acciones dada la estrecha conexión que existe entre ambas acciones, puesto que entre una y otra hay una relación de prejudicialidad. La declaración de la deuda y el incumplimiento de la sociedad es presupuesto necesario para el reconocimiento de la responsabilidad del administrador. Además la finalidad de ambas acciones es la misma: el resarcimiento del daño producido por el incumplimiento de la sociedad.

2) El obstáculo desproporcionado que comporta la exigencia de interponer una doble demanda ante los juzgados de primera instancia y juzgados de lo mercantil, y que supone una infracción del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

3) El TS considera que el artículo 43 LEC permite entender una norma implícita según la cual los tribunales civiles pueden resolver las cuestiones civiles prejudiciales

4) La aplicación analógica de las normas sobre acumulación permite considerar que, aunque se prohíbe la acumulación cuando la competencia corresponda a distintos tribunales, esta norma admite excepciones (art. 73.2 LEC) que prevea la ley.

5) La regulación de la responsabilidad de los administradores sociales, en estrecha relación con la insolvencia de la sociedad y con el impago de sus deudas conlleva implícitamente el mandato, exigido por el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en la CE, de posibilitar la acumulación de ambas acciones.

6) Los Juzgados competentes para esta acumulación son los juzgados de lo mercantil, ya que son los competentes (dada su especialización y la razón de su creación) sobre la acción más específica: la de responsabilidad de los administradores, mientras que la acción de incumplimiento social actúa como prejudicial respecto de aquella.

7) En ningún caso esta atribución de competencias supone una merma para el derecho de defensa de ninguna de las partes.

En el enlace que adjunto se puede consultar el texto íntegro de la sentencia.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6737566&links=%22417/2010%22&optimize=20130607&publicinterface=true