LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN DERECHO AL TRABAJO, EN CONDICIONES QUE GARANTICEN LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores, vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad.

El cómputo mencionado anteriormente se realizará sobre la plantilla total de la empresa correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la empresa.

Las empresas están obligadas a adoptar medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad a la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo y acceder a la formación, salvo que estas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.

INFRACCIONES Y SANCIONES

La norma establece un régimen específico en su título III, para las infracciones administrativas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. El texto tipifica las infracciones, las sanciona, las gradúa y establece las garantías del régimen sancionador.

No obstante, en su D.A. 7ª, para las infracciones en tales materias cuando se cometen en el orden social, se prevé expresamente que seguirán rigiéndose por lo previsto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (LISOS).